La Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) destacó una serie de costos para las empresas de su país derivados de barreras al comercio y la inversión en México.
En su reporte Barreras al Comercio Exterior 2021, la USTR incluyó medidas tomadas por el gobierno mexicano en varios sectores, desde el energético y el de telecomunicaciones, hasta el agropecuario y el farmacéutico, entre otros.
En un primer caso, desde diciembre de 2013, México exige a los importadores que obtengan una licencia antes de que ciertos productos de acero puedan enviarse a México.
Los objetivos declarados de México para el sistema de licencias son combatir el fraude aduanero, mejorar la aplicación de medidas comerciales correctivas y mejorar el seguimiento estadístico de las importaciones de acero.
“Sin embargo, las demoras administrativas y los procedimientos complicados para el procesamiento de las solicitudes de licencia por parte de la Secretaría de Economía han provocado que los exportadores de acero de Estados Unidos y sus clientes mexicanos enfrenten interrupciones en las cadenas de suministro y costos adicionales de envío o demora”, dijo la USTR.
También México ratificó el Acuerdo de Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en julio de 2016. Sin embargo, los exportadores estadounidenses continúan expresando preocupaciones sobre los procedimientos administrativos aduaneros de México, incluida la notificación previa insuficiente de los cambios de procedimiento, la interpretación inconsistente de los requisitos reglamentarios en diferentes puestos fronterizos y aplicación fronteriza de las normas mexicanas y las reglas de etiquetado.
“Se realizaron dos cambios recientes a los procedimientos aduaneros en la frontera con menos de 24 horas de aviso a los comerciantes, lo que provocó interrupciones que dejaron a los camiones alineados en la frontera y a las empresas luchando por cumplir”, añadió la USTR.
En otra vertiente, el 6 de octubre de 2020, México notificó a la Organización Mundial de Comercio (OMC) su propuesta de revisar un reglamento técnico de 1998, “Seguridad de los equipos de procesamiento de datos”, que establece requisitos de seguridad para ciertos productos de tecnología de la información y las comunicaciones (TIC), entre ellos, servidores, centros de datos y dispositivos de red.
Según la USTR, las partes interesadas estadounidenses han expresado su preocupación de que México “ya no exima a muchas exportaciones estadounidenses de TIC de los requisitos de prueba” y que México ya no reconocería que los resultados de los procedimientos de evaluación de la conformidad de los Estados Unidos cumplen con los requisitos del reglamento técnico revisado, Proy-nom-019 -SE-2020 «Equipo de tecnología de la información y equipo asociado, y equipo para uso en oficinas-Requisitos de seguridad».
La industria estima que este cambio les costará 77 millones de dólares y podría impactar negativamente en los empleos estadounidenses. Un caso más consiste en que la Secretaría de Hacienda anunció el 28 de junio de 2019 que 61,2% de las licitaciones de medicamentos y suministros médicos con destino a hospitales públicos no recibieron ofertas o la Secretaría de Hacienda consideró las pujas inválidas.
Las empresas estadounidenses expresaron preocupaciones de que el ciclo de adquisiciones de 2020 no tuvo un tiempo de preparación adecuado y se anunciaron múltiples licitaciones descoordinadas.
Por último, la USTR dijo que el gobierno mexicano ha instado a los reguladores de energía a restablecer el control estatal sobre el sector energético y evitar que las empresas estatales de energía pierdan participación de mercado frente a las empresas privadas.
A lo largo de 2020, las empresas de energía de Estados Unidos se han quejado de retrasos en los permisos, aplicación discriminatoria de las regulaciones y falta de notificación con respecto a los cambios regulatorios y de políticas.
La USTR es parte de la Oficina Ejecutiva del Presidente de los Estados Unidos y es la agencia responsable de recomendar y desarrollar la política comercial del país. Entre sus encomiendas se encuentra la ejecución de negociaciones comerciales bilaterales y multilaterales, como la recientemente desarrollada con el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC). Otra labor relevante es instruir la realización de investigaciones contra prácticas comerciales de los socios de EU que pueden desplazar indebidamente del mercado a los productores estadounidenses.
