Durante su mandato, el expresidente Donald Trump se arriesgó con dos de las relaciones comerciales más importantes de Estados Unidos, con un valor de 1.2 billones de dólares, pues decidió no terminar con el TLCAN, el acuerdo de libre comercio con México y Canadá, sino que decidió renegociarlo.
Uno de los principales puntos de la modernización, consiste en incluir un capítulo sobre protección de inversiones con algún tipo de mecanismo de arreglo de disputas inversionista-Estado, dado que hasta ahora estas se dirimen bajo tratados bilaterales de inversión que México tiene con 15 países europeos.
Según con datos arrojados por la Secretaría de Economía, además de que el TLCUEM ha tenido consecuencias negativas para México en términos comerciales desde la entrada en vigor de este mismo, tiene una balanza comercial acumulada con la Unión Europea con un déficit de 404 mil 679 millones de dólares.
Si México y la Unión Europea desean modernizar sus relaciones, debería ser con el objetivo de corregir ese desequilibrio que existe en favor de las trasnacionales y no ampliando sus privilegios, especialmente otorgando el derecho de recurrir a tribunales supranacionales secretos, diseñados a su medida, como es el caso del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas e Inversiones del Banco Mundial.
También, es sumamente necesario poner atención cuando en el T-MEC deje de operar la “cláusula de legado” que da tres años de extensión al capítulo 11 del TLCAN para que empresas puedan seguir demandando a los países, se restringirá la “protección de inversiones” entre México y Estados Unidos a contratos gubernamentales con empresas de sectores de la energía, petróleo y gas, infraestructura y telecomunicaciones. Es así que el gobierno mexicano, además de evitar que empresas extranjeras puedan recurrir a tribunales supranacionales, debe asegurar que en el TLCUEM no se incluya la cláusula de “expropiación indirecta” que otorga el derecho a empresas a exigir “compensaciones” por pérdida de las ganancias esperadas, es decir, por inversiones que ni siquiera se han realizado.
Por todos estos riesgos, el gobierno de la 4T debe asegurar en la renegociación con la Unión Europea una participación amplia de sectores sociales para asegurar que los derechos humanos, incluyendo los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, predominen por encima de las corporaciones trasnacionales.
