Por: Ignacio Javier Yáñez Porcayo
El contexto del déficit fiscal en México
El déficit fiscal ocurre cuando los gastos de un gobierno superan sus ingresos en un periodo determinado, generalmente un año fiscal. Esta situación implica que el gobierno gasta más de lo que recauda a través de impuestos, derechos y otras fuentes de ingreso. Por ejemplo, si un gobierno recibe 1 billón de pesos en ingresos y gasta 1.2 billones, el déficit es de 200 mil millones de pesos.
Relación entre déficit fiscal y endeudamiento
Cuando un país enfrenta un déficit fiscal, debe buscar opciones para financiar esa brecha. Las principales alternativas son:
- Reducir el gasto público: Una estrategia políticamente desafiante que implica recortes en programas y servicios esenciales, lo que puede ser impopular y afectar el desarrollo social.
- Aumentar los ingresos fiscales: Esto puede lograrse aumentando impuestos, una medida impopular, o mejorando la eficiencia en la recaudación. Ambas opciones pueden tener impactos negativos en la economía.
- Endeudarse: La opción más común y, a menudo, necesaria para financiar el déficit sin sacrificar servicios ni ingresos.
El endeudamiento permite al gobierno mantener sus operaciones y financiar proyectos prioritarios como el gasto social y la infraestructura. Sin embargo, también implica comprometer recursos futuros al pago de intereses y amortizaciones, limitando la capacidad de gasto en otras áreas.
La necesidad de endeudarse
El endeudamiento es fundamental para sostener proyectos que estimulen el crecimiento económico y generen beneficios a largo plazo, como la construcción de carreteras, hospitales y programas educativos. Sin embargo, un endeudamiento excesivo puede desencadenar riesgos significativos. Entre ellos, altos costos de servicio de la deuda (pagos de intereses), lo que puede reducir la inversión en sectores productivos y amenazar la estabilidad fiscal.
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la deuda pública ha crecido a un ritmo moderado en comparación con gobiernos anteriores, pero se espera que alcance el 48.8% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2024. Este incremento ha sido impulsado por la necesidad de financiar proyectos prioritarios y absorber los costos de una política fiscal que busca no aumentar las tasas impositivas.
Efectos reales del déficit fiscal y el endeudamiento: Políticas de fiscalización y recaudación
El impacto del déficit fiscal y el consecuente endeudamiento se manifiestan en la adopción de políticas de fiscalización y recaudación más rigurosas. Para mantener la estabilidad fiscal sin incrementar las tasas de impuestos de manera general, el gobierno ha intensificado las acciones de fiscalización sobre sectores clave y mecanismos de certificación, como la CIVA-IEPS.
En este contexto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha implementado medidas agresivas de control y vigilancia que incluyen auditorías de gabinete y revisiones exhaustivas de cumplimiento en sectores con alta actividad comercial y fiscal, como el textil, acero y automotriz, entre otros. Estas auditorías buscan asegurar que las empresas cumplan con sus obligaciones y evitar el uso indebido de beneficios fiscales. En 2023, el SAT reportó que, de 684 empresas revisadas, un 75% (513 empresas) perdieron su certificación CIVA-IEPS debido a incumplimientos, incluidos 50 grandes contribuyentes. Esta cifra destaca el nivel de riesgo y la determinación del gobierno para aumentar la recaudación y combatir la evasión fiscal.
Análisis de la sobre regulación y la súper vigilancia: Su impacto en las empresas CIVA-IEPS
Las recientes modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior publicadas el pasado 14 de octubre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) refuerzan la postura del gobierno con relación a la “sobre regulación”. Según esta reforma, las empresas que importen temporalmente mercancías consideradas como «sensibles» (ver Anexo II del Decreto IMMEX o Anexo 28 de las RGCE) deben demostrar que al menos el 80% de su valor total de importaciones temporales ha sido retornado en los últimos doce meses. Este umbral, establecido en la fracción I, rubro B de la regla 7.1.2 de las RGCE, incrementa significativamente las exigencias de cumplimiento.
Por otro lado, se anticipa una súper vigilancia para las empresas IMMEX inscritas en el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas (RECE) modalidad IVA e IEPS, ya que, se impone una carga administrativa y operativa más rigurosa, que obliga a las empresas a mantener un control preciso de sus procesos de importación y exportación mediante su control de inventarios. Con la reforma al Anexo 24 de las RGCE para adicionar el Rubro C, en conexión con la regla 7.1.1 fracción XIV, el SAT ahora tendrá la capacidad de auditar los saldos de inventarios vencidos y utilizarlos como motivo para denegar la renovación de la certificación. Esto representa un riesgo significativo para las empresas que no cumplan estrictamente con las nuevas normativas.
Beneficio del Estado al reducir el número de empresas certificadas
La disminución del número de empresas certificadas en el esquema CIVA-IEPS podría traducirse en un incremento directo en la recaudación fiscal. Las empresas que pierdan su certificación estarían obligadas a pagar el IVA y el IEPS sobre sus importaciones, lo que aportaría significativamente a los ingresos del Estado. Dado que la recaudación de IVA a través de las aduanas representa aproximadamente un 65% del total recaudado por este impuesto, la reducción de empresas certificadas podría tener un efecto importante en la disminución de la brecha del déficit fiscal.
Esta estrategia de súper vigilancia y de aumento de los porcentajes de exportación responde a una política orientada a optimizar la recaudación y garantizar que los beneficios fiscales se otorguen solo a empresas que cumplen de manera estricta con sus obligaciones. En un contexto de control y austeridad, esta medida busca equilibrar el apoyo a la industria con la necesidad de fortalecer las finanzas públicas y reducir el endeudamiento.
En conclusión, las reformas y las nuevas exigencias representan tanto un reto como una oportunidad. Las empresas deben reforzar sus controles internos y asegurar el cumplimiento de las normativas para mantener su certificación y los beneficios asociados. Para el gobierno, estas medidas representan una forma eficaz de aumentar la recaudación y cerrar la brecha del déficit fiscal, alineando sus políticas con la estabilidad y sostenibilidad económica del país.
Perspectivas y recomendaciones para 2025
Para 2025, se anticipa que el SAT continúe con la tendencia de auditorías intensivas. Las maquiladoras de exportación (IMMEX) y aquellas empresas con certificación CIVA-IEPS deben estar preparadas para un entorno de mayor fiscalización y costos asociados al cumplimiento normativo.
En un entorno de sobrerregulaciones y auditorías más estrictas, es vital que las empresas:
- Fortalezcan sus controles internos: Implementar sistemas de gestión que aseguren el cumplimiento de las nuevas normativas.
- Diversifiquen su cadena de suministro: Buscar alternativas para mitigar el impacto del incremento arancelario en insumos esenciales.
- Asesórense con expertos fiscales y legales: Contar con el apoyo de consultores especializados para navegar el complejo entorno regulatorio y evitar la pérdida de beneficios fiscales.
El equilibrio entre mantener una política fiscal responsable y promover un entorno competitivo para las empresas será clave para que México pueda reducir su déficit fiscal sin desincentivar la inversión ni afectar la competitividad del sector maquilador.
