El comercio exterior en México enfrenta retos constantes, ya sea en temas logísticos, legales (especialmente en relación con nuevas normativas), fiscales, entre otros. Sin embargo, durante 2024, los cambios de mayor impacto estuvieron relacionados con los impuestos de importación y, como consecuencia, con la búsqueda de proveeduría local o de países con los que México tiene acuerdos de libre comercio.
Casi a inicios de 2024, en abril para ser exactos, se publicaron aranceles provisionales que incrementaban considerablemente los aranceles para ciertas mercancías, en específico aquellas catalogadas como sensibles (sectores como el acero) y de manera casi simultánea las autoridades eliminaron la posibilidad de aplicar el beneficio de reglas octavas para importaciones temporales, bajo la premisa de que la empresa no cuenta con autorización para llevar a cabo la importación de insumos sensibles en forma temporal.
Recordemos que desde 2001, en el marco del NAFTA (específicamente del artículo 303), se volvió obligatorio el pago de impuesto de importación en aquellas operaciones temporales. Por lo que, en ese mismo sentido, las empresas pueden hacer uso de beneficios como son el PROSEC y la regla octava, ambos tienen el principal beneficio de aplicar aranceles reducidos al momento de la importación.
Sin embargo, como menciono arriba, por una parte, se incrementan los aranceles por parte de México y, por otra, se elimina la aplicación del beneficio de la regla octava. Esto deja a las empresas en una situación compleja, ya que el cambio de proveeduría requiere un proceso que incluye identificar al nuevo proveedor, analizar el producto, negociar los términos de entrega, cantidades y precios, así como obtener la aprobación, incluso por parte del cliente que recibe el producto manufacturado, entre otros factores.
Este panorama se presenta como un desafío considerable, dejando a las empresas, al menos durante los primeros meses, sujetas al pago de aranceles debido a estos cambios. Como consecuencia, se genera un impacto en el costo final del producto o, en su defecto, una reducción significativa de las ganancias cuando la empresa manufacturera debe absorber los costos de estos “nuevos” aranceles.
Adicional a esta situación, se suman las declaraciones realizadas por el próximo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre la posibilidad de implementar, a inicios de 2025, aranceles a las importaciones provenientes de varios países, incluido México. Esta medida podría afectar significativamente la viabilidad de seguir exportando productos al mercado estadounidense.
Como referencia, recordemos que, durante el mandato anterior de Trump, se implementaron incrementos y nuevos aranceles sobre insumos mayormente de origen chino, pero también mexicano. No obstante, en el caso de México, es importante considerar que se cuenta con el TMEC, cuyo principal objetivo es promover el movimiento de mercancías entre los tres países (México, Estados Unidos y Canadá) y garantizar la aplicación de aranceles preferenciales. Por estas razones, la imposición de nuevos aranceles por parte del próximo gobierno de Trump sería, a todas luces, una violación al Tratado.
Por ello, debemos estar atentos en los próximos meses a las acciones que tome el gobierno de Trump al inicio de su mandato, revisando las bases bajo las cuales pretenda imponer nuevos aranceles. Sobre todo, no debemos perder de vista que el proceso de globalización, iniciado hace más de cuatro décadas, tenía como objetivo principal fortalecer el intercambio de mercancías mediante la aplicación de preferencias. Sin embargo, en los últimos meses, pareciera que hemos desviado esa visión, enfocándonos en imponer aranceles y restricciones, lo que, al final del día, afecta principalmente a los consumidores.
