Por redacción Estrategia Aduanera
Con 31 votos a favor de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), y 12 en contra por parte del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la iniciativa de reforma a la Ley Aduanera, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La propuesta, que introduce modificaciones a 65 artículos, adiciona 44 y deroga nueve, tiene como propósito reforzar el marco legal para combatir la corrupción, la evasión fiscal, el huachicol fiscal y el contrabando de mercancías, además de modernizar los mecanismos de supervisión y control en las aduanas del país.
Entre los ajustes más relevantes se encuentra la ampliación de la vigencia de las patentes aduanales, que pasa de 10 a 20 años, con posibilidad de prórroga por un periodo igual, lo que establece un máximo de 40 años de vigencia. De igual manera, se extendió de dos a tres años el plazo para la certificación de los agentes aduanales, requisito indispensable para mantener la patente.
De acuerdo con el diputado Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda, estas modificaciones buscan brindar certeza jurídica a los agentes aduanales respecto a las inversiones realizadas en infraestructura, capacitación y desarrollo tecnológico, garantizando así la continuidad y profesionalización de sus operaciones.
Asimismo, se incluyó la posibilidad de que los agentes aduanales cuenten con garantías para crédito, permitiendo que las contribuciones y cuotas compensatorias puedan respaldarse mediante cartas de crédito emitidas por instituciones financieras autorizadas y registradas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La reforma establece nuevas obligaciones y estándares para quienes operen en el sistema aduanero. Entre los requisitos para obtener una patente de agente aduanal se incorpora la obligación de no ser servidor público ni estar inhabilitado, así como la presentación de la evolución patrimonial y la ausencia de vínculos de interés con quienes soliciten trámites de comercio exterior.
Además, los recintos fiscales, fiscalizados y estratégicos, junto con las personas autorizadas para realizar el despacho aduanero en lugares distintos a los autorizados, deberán contar con sistemas electrónicos de control de inventarios, videovigilancia, trazabilidad y monitoreo en tiempo real de las mercancías, los cuales deberán interoperar con el sistema electrónico aduanero nacional.
El dictamen también propone la creación de un Consejo Aduanero, conformado por representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), el SAT y la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Este órgano deliberativo será el encargado de conocer y determinar asuntos vinculados al otorgamiento de patentes y a la evaluación de las políticas de integridad aduanera.
Otro de los puntos destacados es la responsabilidad solidaria que recaerá sobre los agentes aduanales. La reforma los obliga a verificar que los importadores y exportadores cumplan con las regulaciones y restricciones no arancelarias, así como con la determinación correcta del pago de las contribuciones. De igual forma, deberán verificar los antecedentes de los operadores con los que trabajen, a fin de evitar la utilización de estructuras simuladas o empresas fachada.
Durante la discusión en la Comisión, los grupos parlamentarios del PAN, PRIy Movimiento Ciudadano manifestaron su rechazo al dictamen. Legisladores como Federico Döring y Saúl Téllez, del PAN, calificaron la reforma como una “faramalla propagandística”, argumentando que el problema de la corrupción “se encuentra dentro del propio gobierno y no en los agentes aduanales”.
Por su parte, el diputado priista Jerico Abramo sostuvo que el dictamen “traslada toda la responsabilidad al agente aduanal, eximiendo a los funcionarios públicos que participan en el proceso”, y advirtió que esto podría distorsionar las condiciones de competencia en el comercio exterior.
No obstante, los legisladores de Morena y sus aliados defendieron que las modificaciones introducidas fortalecen la estructura institucional y los mecanismos de supervisión, asegurando que la reforma responde a una necesidad de modernizar y sanear el sistema aduanero, históricamente afectado por la corrupción y la informalidad.
El nuevo marco jurídico, de ser ratificado por el Pleno de la Cámara de Diputados, representaría un suceso clave que cambiaría la administración aduanera del país. Además, la vigencia retroactiva de las patentes —limitada a los agentes aduanales ya autorizados— también genera un precedente en materia de derechos adquiridos.
