El 17 Encuentro Internacional de Derecho Aduanero reunió en la ciudad de Oporto a juristas, expertos y operadores de comercio exterior en un momento crucial para el sistema multilateral de comercio. Uno de los paneles más esperados fue el titulado “Los aumentos de aranceles, el uso de los derechos antidumping, la aplicación de sanciones y los controles a la exportación como factores en las guerras comerciales”, moderado por el Dr. Hans-Michael Wolffgang, profesor y director del Instituto de Derecho Aduanero y de Comercio Internacional de la Universidad de Münster (Alemania).
Los ponentes fueron dos figuras de referencia en el sector: Alejandro O. Ramos Gil, expresidente de ASAPRA, CAAAREM e IIFA, con amplia experiencia en la praxis aduanera en América, y Manuel Fontaine, director de la Facultad de Derecho de Oporto de la Universidad Católica Portuguesa, especialista en derecho internacional económico y de la OMC.
El debate se desarrolló en torno a impacto de la política comercial de Estados Unidos, particularmente bajo las administraciones de Donald Trump, sobre el orden jurídico internacional, el sistema multilateral de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la estabilidad de las cadenas de suministro y la seguridad económica global.
El profesor Wolffgang abrió la sesión subrayando que hablar de “guerras comerciales” no es una exageración retórica, sino una descripción adecuada de una dinámica que está afectando a empresas, consumidores y gobiernos en todo el mundo.
Señaló cinco elementos principales que permiten dimensionar el fenómeno:
1. Política arancelaria estadounidense: Desde 2018, la administración Trump impuso aumentos significativos a las importaciones de China, México, Canadá y la Unión Europea, con aranceles que en algunos casos superaron el 50%.
2. Impacto en los mercados financieros: cada anuncio arancelario generó volatilidad bursátil, encarecimiento de productos básicos y transferencia de costos hacia los consumidores.
3. Fragmentación de la economía mundial: se observa un viraje hacia el proteccionismo y la relocalización de cadenas productivas, lo que ha sido descrito como “desglobalización” o incluso “relocalización”.
4. Crisis de la OMC: el bloqueo estadounidense al Órgano de Apelación ha dejado sin funcionamiento el principal mecanismo de solución de diferencias.
5. Efectos regionales: más de la mitad de las exportaciones globales se han visto afectadas por aranceles estadounidenses, generando presión en sectores como el acero, los metales y la industria manufacturera.
“Las guerras comerciales no son una abstracción. Nos afectan a todos y ponen de relieve la fragilidad de la economía global. La pregunta es si estamos regresando a la ley de la selva en el comercio internacional”, concluyó Wolffgang.
El primer expositor, Alejandro O. Ramos Gil, adoptó un enfoque histórico-jurídico para explicar cómo Estados Unidos ha construido su política arancelaria desde finales del siglo XVIII.
Recordó que, originalmente, la Constitución estadounidense otorgaba al Congreso la facultad exclusiva de establecer aranceles. Sin embargo, a lo largo del siglo XX, especialmente desde la Ley de Facultades Económicas de Emergencia de 1977, se ha transferido poder creciente al Ejecutivo para adoptar medidas unilaterales en nombre de la seguridad nacional.
Episodios como la “Smoot-Hawley Tariff Act de 1930”, que disparó el desempleo y profundizó la Gran Depresión, son un recordatorio de los riesgos del proteccionismo. Roosevelt corrigió en 1934 otorgando flexibilidad para negociar reducciones arancelarias, lo que facilitó la recuperación del comercio.
En su análisis jurídico, señaló también precedentes como la doctrina Chevron (1984), que otorgaba amplio margen interpretativo a las agencias administrativas, y cómo la Suprema Corte de Estados Unidos en 2024revirtió esa tendencia con la “doctrina de las cuestiones mayores”, limitando al Ejecutivo en temas de alto impacto. Bajo esa línea, detalló las recientes demandas contra los aranceles de Trump: estados y pequeñas empresas cuestionan que la Ley de Facultades Económicas de Emergencia de 1977 no autoriza explícitamente imponer aranceles. De ahí que cortes federales hayan fallado en contra de la Casa Blanca, aunque las medidas siguen vigentes mientras el caso llega a la Suprema Corte.
Así, el expresidente de ASAPRA explicó cómo la administración Trump, amparada en esa legislación, estiró los límites hasta imponer aranceles masivos a China, México, Canadá y la Unión Europea. Varias cortes estadounidenses, incluida la de Apelaciones del Distrito de Columbia en 2025, han cuestionado la legalidad de estas medidas bajo la doctrina de las “cuestiones mayores”, que exige al Congreso autorizar explícitamente decisiones de gran impacto económico.
“Se está discutiendo si un tema tan trascendental como los aranceles puede resolverse por interpretación administrativa. La Suprema Corte tendrá la última palabra. Pero mientras tanto, los aranceles siguen vigentes y generan inseguridad jurídica para empresas e inversionistas”, enfatizó Ramos Gil.
Ramos Gil identificó tres objetivos públicos de la actual política arancelaria estadounidense: corregir el déficit comercial, recuperar empleos manufactureros y aumentar la recaudación. No obstante, su balance es crítico:
El déficit comercial de Estados Unidos en 2024 fue de 1.2 billones de dólares, concentrado en cuatro países (China, México, Vietnam y Canadá). Pese a los aranceles, los números de 2025 muestran que el déficit persiste.
La meta de recuperar empleos manufactureros enfrenta un límite estructural: un déficit proyectado de dos millones de trabajadores en ese sector para 2030, difícil de resolver sin una política migratoria amplia.
En materia fiscal, aunque la recaudación por aranceles ha alcanzado decenas de miles de millones de dólares, esto resulta marginal frente a un déficit público superior a los 2 billones.
A manera de ejemplo, citó el caso de Alcoa, empresa emblemática del aluminio en Estados Unidos, que ha perdido cientos de millones de dólares por aranceles que paradójicamente encarecen su propia producción, dado que gran parte de sus fundiciones están en Canadá. Igualmente, mencionó a Apple, cuya cadena de suministro global no puede trasladarse con rapidez a Estados Unidos sin elevar el costo de un iPhone a cifras exorbitantes. Estos casos ilustran la contradicción entre los objetivos declarados y las consecuencias reales de la política arancelaria.
Así, en su análisis, Ramos Gil fue categórico: las medidas arancelarias no están logrando los objetivos declarados por Washington (corregir déficits comerciales, repatriar empleos manufactureros y aumentar la recaudación):
“El comercio internacional se convierte en rehén de objetivos políticos inmediatos y electorales. El resultado es un entorno de desconfianza y fragmentación que afecta la inversión y complica la operación aduanera cotidiana”, concluyó.
Por su parte, el profesor Manuel Fontaine abordó el tema desde la óptica del derecho de la OMC, subrayando que las medidas de la administración Trump vulneran principios fundamentales del sistema multilateral. Identificando tres violaciones centrales:
1. Artículo II (aranceles consolidados): Estados Unidos se comprometió en 1994 a un nivel promedio de aranceles de 3.4%. Tras las medidas de Trump, el promedio ascendió a 17,4%.
2. Artículo I (nación más favorecida): al discriminar entre socios (3% a algunos, 15% a la UE, 30% a China y hasta 50% a India y Brasil), Estados Unidos rompió el principio de no discriminación.
3. Artículo XXI (seguridad nacional): Washington invocó la excepción de seguridad nacional sin justificación, pese a que paneles previos (Rusia-Ucrania y Turquía-Estados Unidos) han establecido que debe demostrarse una verdadera emergencia internacional.
Fontaine resaltó que, aunque varios países presentaron quejas, el Órgano de Apelación de la OMC está paralizado porque Estados Unidos bloquea el nombramiento de jueces desde la era Obama. “Esto impide que los informes de panel se vuelvan vinculantes, dejando en la práctica sin remedio efectivo a los afectados”, señaló.
El académico portugués también cuestionó la coherencia entre la política arancelaria y tratados como el USMCA. Recordó que, pese a las tensiones, la mayoría del comercio entre México, Canadá y Estados Unidos sigue libre de aranceles, aunque la revisión de 2026 ya apunta a renegociaciones tensas.
La parte final del panel dio lugar a un intercambio con los asistentes, que profundizó los matices geopolíticos y prácticos de las guerras comerciales.
Se discutió un acuerdo reciente por el cual la Unión Europea aceptó un arancel del 15% a cambio de mantener acceso al mercado estadounidense. Fontaine fue escéptico: “Es un arreglo inestable, parecido a un negocio mafioso: se paga para obtener protección, pero en cualquier momento Estados Unidos puede desconocerlo”.
Ramos Gil explicó que las medidas arancelarias suelen ser “populares” porque apelan al electorado industrial, aunque económicamente sean contraproducentes. “Generan votos, aunque no empleo ni crecimiento. Por eso son tan atractivas para los gobernantes”.
Varios asistentes señalaron que, paradójicamente, China, gran beneficiada de la OMC desde su adhesión en 2001, ahora defiende reglas multilaterales más estrictas para proteger sus inversiones globales. Esto refuerza la tendencia de un mundo menos unilateral y más definido por bloques como los BRICS frente al G7.
Fontaine admitió que la OMC ha sido pasiva frente a estas violaciones porque depende de la voluntad de sus miembros. Sugirió que, como el FMI, debería dar más peso a los países con mayor participación, y revisar reglas de protección para permitir márgenes de acción más realistas a los Estados.
En las conclusiones, los tres especialistas coincidieron en que las guerras comerciales han revalorizado la importancia del Derecho aduanero y el compliance.
Ramos Gil advirtió que las declaraciones aduaneras se vuelven más complejas al coexistir tratados de libre comercio con medidas unilaterales (secciones 232 y 301 en Estados Unidos), lo que incrementa riesgos de sanciones y disputas.
Fontaine subrayó que el futuro de la OMC es decisivo: sin un sistema multilateral funcional, la economía global podría contraerse más de un 30% en cinco años, según estudios de la Cámara de Comercio Internacional.
Wolffgang cerró destacando que la política comercial estadounidense, al debilitar el multilateralismo, puede terminar perjudicando incluso a sus propios consumidores e industrias.
El panel en Oporto dejó claro que las guerras comerciales no son un fenómeno pasajero, sino una transformación estructural del comercio mundial. La combinación de aranceles unilaterales, antidumping, sanciones y controles a la exportación está debilitando tanto la seguridad jurídica como la confianza en los mercados.
Más allá de los tecnicismos legales, se trata de una disputa por poder geopolítico y soberanía económica que tiene consecuencias inmediatas en los bolsillos de los consumidores, en la competitividad de las empresas y en la estabilidad del sistema internacional.
Pareciera que estamos en un mundo de no derecho, donde las normas internacionales se subordinan a la seguridad nacional y a los intereses electorales. El reto es cómo reconstruir un multilateralismo funcional antes de que la fragmentación se vuelva irreversible.
Al final del panel, el Dr. Andrés Rohde Ponce, Presidente de la Academia Internacional de Derecho Aduanero, entregó un reconocimiento especial a Alejandro O. Ramos Gil por sus aportes a estos encuentros desde que celebraron el primero hace veinte años en Guadalajara, Jalisco, cuando era Presidente de CAAAREM. Después consolidaron la Academia y han dedicado todo este tiempo a fortalecer a nivel mundial el Derecho Aduanero.
