El comercio exterior es una de las actividades económicas más importantes del país. México cuenta con múltiples acuerdos y tratados con diferentes naciones alrededor del mundo que diariamente, permiten el intercambio de diversos bienes y productos a través de nuestras fronteras. Al margen de los tratados, se llevan a cabo operaciones se realizan bajo un esquema de pago de impuestos aduanal que al paso de los años ha incrementado su eficiencia y han permitido que el comercio exterior se convirtiera en una pieza fundamental para la recaudación tributaria nacional.
Al cierre del primer semestre de 2022, Horacio Duarte Olivares, titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) informó que la dependencia logró recaudar 523 mil 959 millones 43 mil pesos, esta cifra representa un 9.88 por ciento de incremento real en comparación con el mismo periodo del año anterior. Al mismo tiempo dio a conocer que en comparación con los primeros seis meses de 2020, se dio un incremento real de 24.5 por ciento en la recaudación.
Las aduanas que cumplieron con una mayor recaudación en los meses de enero a junio de 2022 fueron Manzanillo, Nuevo Laredo, Lázaro Cárdenas, Veracruz y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Cabe destacar que en 2021, Aduanas de México recaudó 1 billón 4 mil 22 millones 700 mil pesos, una cifra histórica superando por 134 mil 5 millones 100 mil pesos lo recaudado en 2020 y en 29 mil 748 millones 600 mil pesos al 2019 convirtiendo a la recaudación de comercio exterior en una de las fuentes más importantes de ingresos del Gobierno Federal.
Lo que ha permitido aumentar la recaudación en las Aduanas de México, ha sido la aplicación y cumplimiento de la Estrategia Nacional Anticorrupción. El 29 de enero de 2020 fue aprobada la Política Nacional Anticorrupción (PNA) por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, en la que se define el rumbo estratégico para hacer frente a una gran problemática en México, la corrupción.
Esta política tiene el objetivo de generar las condiciones adecuadas para un mayor control seguro y efectivo de la corrupción en México, busca combatir la impunidad, la arbitrariedad y el abuso de poder, así como promover la mejora de la gestión pública e involucrar a la sociedad y el sector privado.
