Para nadie ha sido desconocido que las aduanas siempre han sido tentadas por la mano del diablo. Sin importar quién las conduzca, qué órgano lo regule o qué resultados se hayan obtenido en cada gestión, lo cierto es que las viejas aduanas, que eran controladas por civiles en el SAT, y las nuevas, que son controladas por militares, pasan crisis institucionales cíclicas, pero tienen fundamentales diferencias.
Uno de los ejes de las aduanas siempre ha sido focalizarse en el aumento de la recaudación. Sin embargo, no siempre se ha logrado ese objetivo, pues esa recaudación se ha visto mermada por prácticas indebidas dentro de las aduanas, que se dan por malos controles, por burla de los sistemas o, bien, por complacencia de funcionarios.
Basta comparar cifras para advertir la notable diferencia que existe en este renglón recaudatorio. Si analizamos el año 2018, las aduanas recaudaron $969,816 millones de pesos; en 2019, $992,884 millones; en 2020, $886,134 millones, y para 2021, $1,024,417 millones. Con la creación de la Agencia Nacional de Aduanas, se recaudaron en 2022 $70,127 millones por la transición de la ANAM; en 2023, el monto de $1,151 millones y, hasta septiembre de 2024, la cantidad de $879,583 millones, esperando que al cierre del año se recaude arriba de $1,170 millones.
La militarización de las aduanas ha tenido quejas sociales en el sentido de que los militares no tienen experiencia, son corruptos o no conocen los manuales y procedimientos de comercio exterior, por la escasa capacitación que tienen en esta materia. Sin embargo, las estadísticas y hechos revelan una realidad diferente, pues cuando se tenían expertos en comercio exterior dirigiendo las aduanas, la recaudación era menor y el contrabando, con sus trastornos sociales, era mayor.
Para ser claros: si pusiéramos en una competencia recaudatoria a las viejas aduanas y las hoy controladas por militares, podríamos encontrar notables distinciones. En el pasado, por ejemplo, en las aduanas existía una mala recaudación y esto se debía a una colusión de funcionarios y autoridades para operar el contrabando técnico documentado; la subvaluación, los pedimentos negros y el tráfico de armas, incluida la proliferación de productos chinos en los segmentos electrónicos y electrodomésticos. No era raro ver dobles vehículos que intercambiaban pedimentos en las plataformas de importación para que no se revisara el producto ilícito, ni era raro ver las brechas en la revisión de productos que permitían justificar la ilicitud en lo no revisado. Tampoco era rara la subvaluación en vehículos destinados a la frontera ni se encontraba droga en las exportaciones.
Las aduanas, plataformas de importación y garitas eran premios para funcionarios corruptos que, con una alta inmoralidad, podían manipular la ley a conveniencia. El administrador de una aduana era más importante que un presidente municipal y, en algunas partes, hasta más poderoso que un gobernador. El administrador de la aduana era un dios en la política. Los de mayor poder pedían las aduanas para poder financiar sus campañas políticas y es de las aduanas de donde obtuvieron fondos para competir en la política y terminar como gobernadores, diputados, senadores e, incluso, secretarios de Estado.
En sí, las aduanas daban mucho dinero para financiar proyectos políticos, inclusive campañas a la presidencia de la República. Los servidores públicos que integraban las aduanas podían operar desde lo más vulgar: pidiendo dinero en las garitas, en las verificaciones de mercancía en transportes o en las plataformas del país con amplio cinismo. Los administradores centrales, en especial el de Operación Aduanera, colocaban a administradores a cambio de fuertes sumas de dinero y de dotaciones mensuales que enriquecieron a miles de funcionarios. En esas aduanas, no se violaba la ley porque eran tan técnicas, sino que la ley era el vehículo para cometer el acto ilícito.
Hoy, en las nuevas aduanas, se acusa a los elementos del ejército mexicano, en su versión de Guardia Nacional, de no conocer la ley, de ser arbitrarios, corruptos y extorsionadores. Sin embargo, las denuncias en la Secretaría de la Función Pública y en los órganos de control han bajado. La población cree más en los militares que en el personal aduanal de antaño. Entrar a una garita en las viejas aduanas generaba temor en los pasajeros; hoy, genera confianza.
Suponiendo que hoy siguieran existiendo trastornos en las aduanas —que afirmo que existen—, lo cierto es que hoy poco se habla del contrabando técnico documentado, de los pedimentos negros o de verificaciones de mercancías con ánimos de extorsión, lo que se refleja en el incremento recaudatorio. Esto permitió una reorientación de la política pública, haciendo que las aduanas cumplieran con su papel de seguridad nacional, vigilando el ingreso de armas, explosivos, productos sintéticos para elaboración de drogas, equipo radioactivo o material atómico, dejando atrás las viejas revisiones de ropa usada, neumáticos y todo tipo de materiales de desperdicio que llegaban al país, pagando cuotas a los funcionarios para simular que revisaban sin ser revisados.
En resumen, al poner en una competencia las viejas y nuevas aduanas, con personal militarizado, podemos decir que hay una mejor versión de lo que existió, gracias a la confianza y lealtad del ejército mexicano.
