La American Chamber of Commerce of Mexico (AmCham) se pronunció en contra de las modificaciones que anunció la Secretaría de Economía para las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020, en especial en lo referente para importar y exportar hidrocarburos, pues aseguran que afectan gravemente al sector energético, proyectos de infraestructura, la competitividad e integración regional con Norteamérica.
A través de un comunicado, la American Chamber y las más de mil empresas que representa, dijeron que celebran e impulsan las iniciativas que tengan por objeto mejorar y fortalecer el marco regulatorio en el que operan sus socios.
Dentro de las modificaciones anunciadas a las Reglas de Comercio Exterior, la regla 2.4.1 que entró en vigor el 12 de junio, fue de la que más expresó preocupación AmCham, pues se prohíbe a las empresas privadas la importación y exportación de petroquímicos e hidrocarburos un lugar distinto al autorizado, eliminando la opción marítima en terminales ubicadas fuera delos puertos, que es el transporte más competitivo de los ductos.
Esto tendrá a la vez un impacto significativo en los precios de los combustibles y otros productos en el sector alimentario y farmacéutico, entre otros, afectando principalmente el precio para el consumidor final e incluso los costos y logística de Pemex al poner en riesgo la continuidad y ejecución de planes de negocio y proyectos de inversión en desarrollo de nuevas cadenas de suministro e infraestructura en el sector energético, los cuales, tienen como propósito fortalecer el suministro confiable y con costos competitivos de combustibles.
“Adicionalmente ante este cambio se contrapone a los principios fundamentales de tratados internacionales de libre comercio, entre ellos el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en lo que corresponde a Trato Nacional, Estándar Mínimo de Trato, Expropiación, entre otros”, apuntaron, American Chamber.
Por último, también la AmCham, dijo que hace un llamado “respetuoso al Gobierno Federal para garantizar un marco regulatorio predecible para el desarrollo, fomento y operación de las cadenas de suministro de combustibles, con base en los principios de legalidad, seguridad jurídica, sustentabilidad, cuidado del medio ambiente y competencia económica”.
