La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), mejor conocida como la “Ley Antilavado”, entró en vigor el 17 de julio del 2013 con el objetivo de prevenir y detectar aquellas operaciones involucradas en la obtención de recursos de procedencia ilícita.
Para el Sistema Financiero Mexicano es difícil reconocer el total exacto de los ingresos provenientes de las actividades delictivas involucradas, sin embargo, la creación de esta ley surgió también para proteger el volumen de los recursos susceptibles al lavado de dinero en nuestro país.
De ahí que sea tan importante conocerla y valorarla, pues dicha ley es una herramienta necesaria para disminuir uno de los delitos que más afecta a México, ya que de manera significativa provoca mermas al crecimiento económico, distorsiones a la libre competencia y pérdida de empleos.
Son dos los factores que representan la mayor amenaza de lavado de dinero: las organizaciones delictivas y el volumen de fondos generados por las actividades ilícitas; estas últimas pueden ser: narcotráfico; secuestro; trata de personas; piratería comercial; tráfico de órganos, joyas, arte; saqueo y venta de piezas arqueológicas, armas, flora y fauna, entre otras. En el ámbito del comercio exterior, éste también se ve involucrado por ejemplo al importar o exportar mercancías ilegales.
Justamente, como medida preventiva hacia este sector, la Ley Antilavado busca obtener información inmediata sobre operaciones relacionadas con el comercio que pudieran estar implicadas en el delito de lavado de dinero, obligando a los apoderados y agentes aduanales a dar aviso de aquellos clientes que importen o exporten alguna de las 130 clasificaciones de productos seleccionadas por la misma; como pueden ser: máquinas y juegos de apuestas, joyas, relojes, metales, piedras preciosas, obras de arte; vehículos o material para la elaboración de tarjetas de pago; sólo por mencionar algunas.
Además, esta ley también se encarga de sancionar a aquellos que no cumplan con las obligaciones como la antes mencionada, los castigos pueden ir de los 200 y 2 mil salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal (SMVDF), hasta los 10 mil y 65 mil SMVDF; por lo tanto, es sumamente importante conocer el alcance que tiene la LFPIORPI, para lograr interpretarla de manera correcta.
De esta manera vemos que es un requerimiento sustancial entender la Ley Antilavado y cumplir con cada una de sus reglas y obligaciones; así como estar alertas en cada una de las actividades que se realizan, las cuales pueden ser tan simples como complejas: desde documentar la importación de un auto usado, hasta dimensionar el valor de una obra de arte.
Si quieres profundizar sobre todo lo relacionado al uso e importancia de la LFPIORPI, te invitamos a adquirir el libro LEY ANTILAVADO Y SU IMPACTO EN EL COMERCIO EXTERIOR del Mtro. Juan Antonio Barragán Cabral, quien entiende, adopta, y comparte de forma magistral, la relevancia que tiene el tema para nuestra legislación mexicana y el impacto especialmente en sectores determinados, pues de manera precisa ubica el contexto histórico en que la ley en comento fue instrumentada.
En esta obra imprescindible se da a conocer con suma claridad el alcance de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, ante las diversas interpretaciones e inquietudes de los agentes aduanales sujetos a su cumplimiento, con el objetivo de identificar su importancia y alcance, así como el delicado papel que juegan los despachantes de aduanas, ya que -con independencia de encontrarse sujetos al cumplimiento de diversas obligaciones de carácter administrativo-, su principal labor será coadyuvar con las instituciones del Gobierno Federal facultadas y encargadas de prevenir, identificar, perseguir y sancionar las operaciones que son realizadas con recursos de procedencia ilegal, aportando información útil e informándole a las autoridades competentes cada que realicen una actividad vulnerable que pudiera efectuarse con recursos provenientes de fuentes ilícitas.
Esta propositiva obra despierta un genuino interés por ahondar en este vasto tema, aporta información útil para todos los actores relacionados y constituye sin lugar a dudas un formidable aporte a la literatura jurídica.
