El pasado 17 de julio, en una gira por el Puerto de Manzanillo, el Presidente de la República anunció que las Fuerzas Armadas (FFAA) de México, tomarían control de los puertos y aduanas (marítimas y fronterizas, principalmente), con la finalidad de hacer frente a la corrupción imperante en dichas instancias.
Derivado de lo anterior, entre agosto y septiembre del presente año el nuevo Secretario de Comunicaciones y Transportes, el Ing. Jorge Arganíz Díaz Leal, tomó protesta a elementos de la Secretaría de la Marina (SEMAR), para ocupar las direcciones generales de las Administraciones Portuarias Integrales (APIs) del país. Así, actualmente el 75% de las APIs que existen en México ya son controladas por la Secretaría de la Marina. Esto significa que las administraciones de los puertos de Tampico, Altamira, Tuxpan, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Veracruz, Dos Bocas y Mazatlán ya se encuentran en manos de las FFAA.
Por lo que refiere a Aduanas, el avance en la ocupación de puestos dentro de dicha unidad administrativa por parte de las FFAA no fue tan estrepitoso. El 9 de septiembre, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió un comunicado de prensa el cual refiere que el Administrador General de Aduanas encabezó una reunión con elementos de la “Secretaría de Marina-Armada de México” (sic), los cuales se incorporarían en los siguientes días a la Administración General de Aduanas (AGA). En seguimiento a dicho comunicado, el 1 de octubre el mismo SAT publicó un segundo comunicado de prensa en el que informa la designación de 17 administradores que ocuparán todas las aduanas marítimas.[1]
Lo anterior implica que la instrucción del Presidente de la República de irle otorgando a las FFAA funciones adicionales a la seguridad nacional continúa y se profundiza. Es por lo tanto de suma importancia analizar y estudiar la incorporación de las FFAA en labores civiles, en este caso en específico, en las Aduanas, y el impacto que esto pudiera tener en la economía mexicana, el comercio exterior y las cadenas de suministro en las que participan nuestras empresas.
El presente artículo inicia con un análisis del contexto nacional e internacional en el que surge la propuesta de “militarizar” las aduanas. Posteriormente, se discute el fenómeno de la corrupción, en específico, como se presenta en las aduanas de nuestro país, y cierra el artículo con algunas consideraciones específicas y conclusiones.
Contexto Internacional
Actualmente, el mundo se enfrenta a un fenómeno de globalización plenamente arraigado, el cual, a pesar de que algunos análisis refieren que su expansión o profundización se ha “ralentizado”[2], el mismo continúa, y se traduce en que hay cadenas de valor globales que al día de hoy se encuentran plenamente consolidadas y operantes, incluso después del efecto la pandemia del Covid-19.
Por otro lado, derivado del importante crecimiento en las últimas décadas de la influencia geopolítica y económica de China, en marzo de 2018 se inició una “guerra comercial” entre el país antes citado y los Estados Unidos de Norteamérica, la cual ha evolucionado a ser una batalla por la hegemonía mundial y la supremacía tecnológica (o siempre lo ha sido).Este conflicto ha tenido impactos negativos en las economías de ambos países (con secuelas en diversas partes del mundo), y en el comercio exterior a nivel mundial. Asimismo, a pesar del acuerdo alcanzado entre ambos países en enero del 2020, para poner fin a esta “guerra comercial”, hoy en día no hay indicios de que la “Guerra Fría” (como se le empieza a denominar)vaya a terminar pronto, con las consecuencias que esto tendrá en todo el mundo.[3]
Aunado a estos dos sucesos, se suma la situación de debilidad por la que pasan hoy en día los organismos multilaterales (ONU[4], OTAN, OMS, entre otras) y en específico, la Organización Mundial de Comercio (OMC), cuya “capacidad… de resolver las controversias entre sus miembros se encuentra reducida al mínimo”[5], a lo que habrá que agregarle la renuncia de su Director General, con efectos a partir del 31 de agosto del presente año.
Este contexto se complica aún más con el surgimiento de la pandemia, la cual ha tenido un enorme impacto negativo a la economía mundial, y está redefiniendo las posturas políticas y económicas a nivel global. De acuerdo a diversos especialistas la pandemia está reconfigurando las cadenas de valor globales, hacia un enfoque regional, en el que se priorizarían las cadenas de suministro locales o regionales.[6] Asimismo, el coronavirus ha orillado a los agentes económicos a profundizar el uso de las tecnologías de la información y ha puesto en jaque la concepción del multilateralismo en el mundo. Diversos países, incluyendo los países más desarrollados, tomaron medidas unilaterales y proteccionistas para hacer frente a la pandemia, lo que ha ahondado el cuestionamiento de las supuestas ventajas del multilateralismo por parte de los pro-nacionalistas, e incluso surgen interrogantes sobre los beneficios de los bloques económicos, tales como la Unión Europea. Dicha postura se conjuga con el fortalecimiento de identidades nacionales que vienen cobrando fuerza a lo largo de la última década, y que se han traducido en el triunfo de candidatos con posturas nacionalistas e incluso extremistas (antinmigración, racismo, etc.).
Este contexto internacional representa un enorme reto para el comercio exterior, tanto por las posturas ideológicas que han surgido en la última década y que se han reforzado derivado de la reacción por parte de los países ante la pandemia (medidas unilaterales), como por las implicaciones económicas y los desafíos mismos que genera el COVID-19.
La reconfiguración de las cadenas de valor y la profundización en el uso de las tecnologías obligan a los países y a las empresas a adaptarse lo más rápido posible, y a ser partícipes de la nueva logística internacional que se está conformando. Bajo este tenor, en el cual los países deben procurar ser lo más eficiente posible para tener una rápida recuperación económica y ser actores relevantes en el nuevo contexto mundial, es cuando el gobierno de México toma la medida de involucrar a las FFAA en las aduanas de nuestro país.
No hay que olvidar que una parte trascendental de las cadenas de suministro es la participación de la autoridad aduanera en el despacho de las mercancías. Tan relevante es su papel, que la Organización Mundial de Aduanas (OMA) ha reconocido la importancia que tienen las aduanas como parte elemental de la estrategia para hacer frente a la pandemia, e incluso ha recomendado que las administraciones aduaneras de los países implementen medidas para facilitar el comercio exterior y trabajen con sus gobiernos para prevenir el desarrollo del proteccionismo, que resulta sumamente perjudicial para las empresas que participan en las cadenas de valor globales.[7]Con este complejo entorno internacional que comprende: a) la peor crisis económica a nivel mundial en décadas; b) una reconfiguración profunda de las cadenas de valor globales; c) la existencia de posturas pro nacionalistas, en perjuicio de la cooperación internacional y con efectos negativos sobre el comercio exterior; y, d) la necesidad de ser más competitivos y lograr la mayor eficiencia posible, es cuando el Gobierno Federal decide hacer cambios de mandos en las aduanas y puertos mexicanos, por personal sin experiencia en la materia del comercio internacional y aduanal.
Contexto Nacional
En el contexto nacional, México vive una transición política entre un gobierno saliente, el del Presidente Enrique Peña Nieto, desacreditado fuertemente en temas de corrupción, y un gobierno entrante, encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, que gana las elecciones utilizando como estandarte, precisamente la lucha contra la corrupción.
En el plano económico, nuestro país enfrenta un complejo escenario derivado de dos factores:
- Un conjunto de decisiones gubernamentales que afectaron de forma negativa el desempeño de la economía nacional y la confianza de los inversionistas, previo a la pandemia.
- Los efectos adversos ocasionados por el COVID-19 a nivel mundial, pero reforzados por la falta de implementación de medidas contra cíclicas por parte del gobierno mexicano, lo cual, de acuerdo a los analistas económicos, profundizará significativamente la caída de la economía mexicana en el 2020.[8]
En el ámbito específico de las aduanas, con el cambio de administración, se solicitó la renuncia de la mayoría de los servidores públicos de mandos medios y superiores (45 de 49 administradores de aduanas fueron removidos en el primer bimestre del gobierno de López Obrador), lo que conllevó a una pérdida de capital humano que se tradujo en importante merma de experiencia y conocimientos en la materia. Asimismo, a menos de dos años de haber tomado posesión la nueva administración, se han nombrado tres Administradores Generales de Aduanas, con las consecuencias que esto conlleva en materia de continuidad operativa y en implementación de proyectos.
Aunado a lo anterior, no está de más mencionar que todo parece indicar que el gobierno actual carece de un diagnóstico puntual e integral en materia aduanera, o bien, no lo quiere dar a conocer. Si analizamos el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, se observa que el mismo no contiene mención alguna sobre el tema aduanero ni establece la política gubernamental a seguir en temas de comercio exterior y aduanas. Ala fecha, no es público (o no existe) el programa sexenal de la Administración General de Aduanas. A esto habrá que sumarle otras decisiones trascendentales como son la limitada o nula inversión en equipamiento e infraestructura aduanera (como resultado de la política de austeridad),[9]además del estancamiento o falta de continuidad en diversos proyectos.
Por lo que refiere a las cifras, la recaudación bruta en Aduanas cayó en 2019 alrededor del 1% en términos reales (previo a la pandemia), con respecto al 2018, mientras que si se compara el periodo enero-agosto de 2020 contra el mismo periodo de 2019, la caída asciende al 17% en términos reales. Si revisamos las operaciones de comercio exterior que se realizaron en el primer semestre de 2020 contra el mismo periodo de 2019, destaca que el número de operaciones de importación se redujo en 15.6%, mientras que las operaciones de exportación en ese mismo periodo cayeron 14% con respecto a las cifras del año pasado.[10]
Con un panorama internacional sumamente complejo derivado de la pandemia, y un contexto nacional en materia aduanera que se resume en una pérdida importante de capital humano, cambios administrativos frecuentes, carencia de un programa sexenal de la AGA, así como falta de continuidad en diversos proyectos y una baja recaudación, el gobierno del Presidente López Obrador toma una decisión que tendrá implicaciones importantes en el comercio exterior de México.
Corrupción en Aduanas
A lo largo de los años, las aduanas de México han sido objeto constante de críticas en relación con la corrupción, ahondándose dichos ataques en lo que va de este sexenio. Por lo anterior, resulta de suma importancia hacer diversas precisiones respecto a la corrupción existente en las aduanas mexicanas, para comprender un poco más este fenómeno.
De acuerdo a la definición de Transparencia Internacional, la corrupción “es el abuso del poder público para beneficio privado”. No obstante, en el estudio auspiciado por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, México: Anatomía de la Corrupción, la autora Maria Amparo Casar utiliza una definición más amplia, que refiere que la corrupción “…es el abuso de cualquier posición de poder, pública o privada, con el fin de generar un beneficio indebido a costa del bienestar colectivo o individual”.[11]
La corrupción es un modo de actuar que va en ambos sentidos, y para propósito del presente artículo referiremos que se da tanto de la
autoridad hacia el particular y/o del particular hacia la autoridad. Si alguna de las partes no desea participar en un acto corrupto, este no se da. La corrupción ocurre debido a que los que participan en ella obtienen beneficios, esto es, existen incentivos, generalmente económicos, por participar en ella. La corrupción no es un fenómeno exclusivo de México, ocurre en todo el mundo, aunque no por eso es justificable.
Con lo anterior en mente, aunado a toda la literatura que se ha escrito sobre este fenómeno, vale la pena explicar los actos de corrupción que se dan en el entorno aduanero de México.
Existen muchos y diversos actos de corrupción vinculados a la importación y exportación de mercancías en nuestro país, y que, por ende, involucran, en muchos casos, a las autoridades aduaneras. Varios de esos actos se llevan a cabo a través de complejos esquemas de elusión o evasión en el pago de contribuciones y/o el cumplimiento de las diversas regulaciones en la materia, y otros tantos, bajo esquemas sencillos de corrupción. Se mencionan algunos de ellos a manera de ejemplo:
- Subvaluación de la mercancía – con el fin de pagar menos contribuciones.
- Introducción de mercancía lícita al país sin realizar el pago de los impuestos correspondientes, lo que se conoce como contrabando.
- Introducción o extracción de mercancía ilícita del país – drogas, armas, dinero sin declarar o sin justificar su procedencia.
- Realización de una inexacta clasificación arancelaria de las mercancías para pagar menos contribuciones.
- Llevar a cabo retornos virtuales de mercancía para obtener, de manera ilícita, beneficios fiscales (devolución de contribuciones).
- Introducción al país de mercancía “pirata”.
- Introducción al país de mercancía que no cumple con las regulaciones y restricciones no arancelarias correspondientes.
- Integración deficiente o a destiempo de expedientes legales en contra de particulares a fin de se deseche el procedimiento administrativo que tiene la autoridad en contra del contribuyente o a fin de que los particulares ganen el juicio en tribunales, entre otros.
La lista es extensa dada la complejidad del comercio exterior y de la actividad aduanera, así como por el amplio y dinámico marco normativo que las regula. No obstante, los diversos ejemplos aquí referidos, no se puede generalizar que la comisión de dichos ilícitos sea responsabilidad directa y exclusiva de los servidores públicos que laboran en aduanas. Para sustentar esta aseveración, se hace un ejercicio que engloba tres tipos de actos ilícitos (vinculados con la materia aduanera), con base en la participación de la autoridad:
- Actos ilícitos en los que participa la autoridad por iniciativa propia o en contubernio con el particular.
- La autoridad presiona o amenaza a un particular a cambio de recursos económicos – retención de la mercancía por un periodo largo de tiempo sin una justificación legalmente sustentada, revisión y retención de cada embarque que cruza o arriba al país mediante el alertamiento en los sistemas de aduanas, imposición de sanciones y multas, bajas del padrón, sin sólidos sustentos jurídicos, entre otros.
- El particular ofrece una compensación económica a la autoridad para el ingreso de mercancía que no cumple con diversas disposiciones reglamentarias, o para realizar un menor pago de contribuciones.
- Actos ilícitos en los que participa la autoridad debido a la cooptación o a las amenazas por parte de la Delincuencia Organizada (DO). El estado de indefensión en el que se encuentra un importante número de servidores públicos ante el acoso o presión de la DO en gran parte de las aduanas fronterizas de nuestro país y algunas marítimas, es preocupante. La presión y acciones que ejerce la DO al servidor público son variadas:
- Ofrecimiento y pago de dinero.
- Amenazas, que pueden comprender llamadas telefónicas, mensajes directos, notas escritas (depositadas en su casa o coche o con un familiar o amigo), levantamientos, secuestros, entre muchas otras formas de hostigamiento o intimidación.
- Asesinato del servidor público. En las oficinas centrales del SAT existe un “Muro de Honor” para los servidores públicos fallecidos en funciones, que en su mayoría, fueron servidores públicos adscritos a aduanas y que murieron por actos atroces de la DO. Lo anterior es una clara muestra de que las amenazas por parte de la DO a los servidores públicos no solo son creíbles, sino por desgracia, son cumplidas.
- Actos ilícitos en los que NO participa la autoridad aduanera. Existen diversas razones por las cuales las autoridades no se involucran en los delitos que se cometen relacionados con la entrada y salida de mercancías de nuestro país. Dichos motivos van desde la honestidad del servidor público (la mayoría de los servidores públicos son honestos), la orografía y extensión territorial de nuestras fronteras, la excesiva carga laboral que representa atender todos los cruces fronterizos (de carga y peatonales), así como aeropuertos internacionales del país, hasta los “análisis costo-beneficio” realizados por los infractores basado en las probabilidades respecto a que el ilícito sea identificado por la autoridad. Con fines explicativos, se exponen algunos ejemplos. En la frontera sur que tiene México con los dos países centroamericanos, Guatemala y Belice, se observa y se sabe que existe un número indeterminado de brechas por donde entra y sale mercancía de comercio exterior (así como personas). Este fenómeno no es tan observado en la frontera norte (por las medidas de seguridad extremas implementadas por nuestro país vecino), pero la misma no está exenta de la existencia de caminos, e incluso túneles, por donde se mueve mercancía (y personas) sin pasar por las autoridades. Algo similar, pero debido a otras cuestiones, se puede señalar respecto a los aeropuertos, donde el flujo de la mercancía ilícita no necesariamente pasa por la “ruta” de las aduanas (o ruta fiscal). Adicionalmente, están los ilícitos (contrabando, introducción o extracción de drogas, armas, dinero, precursores químicos) que se llevan a cabo por un simple cálculo o apuesta de probabilidades, esto es, un análisis costo-beneficio. Para dimensionar lo anterior, cabe hacer mención de algunas cifras.
En México se llevaron a cabo poco menos de 19 millones de operaciones de comercio exterior en 2019, lo que significa que se realizaron más de 51,000 operaciones al día.[12] La capacidad con la que cuenta la autoridad aduanera, además de la importancia que tiene el flujo expedito de las mercancías, hacen que, en promedio, la autoridad revise físicamente entre el 4% y el 7% de las operaciones de comercio exterior. Esto significa que de las 51,000 operaciones diarias, no se revisan aproximadamente de 48,500, o lo que es lo mismo, se someten a reconocimiento aduanero alrededor de 2,500 operaciones. Lo anterior, ofrece una ventana de oportunidad al que quiere romper la ley. Los infractores evalúan el costo y el beneficio de llevar a cabo operaciones de comercio exterior fuera del marco de la ley, tomando en cuenta los riesgos y las consecuencias que implica que la mercancía sea identificada y embargada. Es un simple análisis costo-beneficio que lleva a cabo el infractor o delincuente. Y en este caso, tan solo se está hablando de las operaciones de mercancía de comercio exterior de carga que se realizan por las aduanas, sin tomar en cuenta la tarea inmensa y titánica que representa estar en todos los cruces fronterizos vehiculares y peatonales, además de aeropuertos, donde la probabilidad de identificar la comisión de algún ilícito se reduce aún mucho más, y que son lugares por los que también entra y sale mercancía ilícita.
Tan solo en el cruce vehicular entre la Ciudad de Tijuana, Baja California, y la Ciudad de San Diego, California, se lleva a cabo la salida de más de 50,000 vehículos diarios y mas de 25,000 peatones de sur a norte, y un numero equivalente de norte a sur. Si estas cifras se analizan a nivel nacional, y si además se contempla el numero de pasajeros que diariamente llegan a y salen de nuestro país, junto con sus maletas, a través de los diversos aeropuertos, se puede comprender que muchos de los ilícitos cometidos relacionados con la salida y entrada de mercancía ilícita en nuestro país, no se deben a que haya contubernio de las autoridades aduaneras con los particulares, sino por el simple hecho de que lo que representa cometer delitos en términos de probabilidades y volúmenes de las “transacciones” (contenedores, tractos, maletas, vehículos, personas, etc.) que se realizan. Lo anterior, además de reflejar el reto y la enorme responsabilidad que tienen frente a si los servidores públicos de aduanas, muestra la complejidad que representa identificar, frenar y combatir estos ilícitos, en muchos de los cuales, si no es que la mayoría de los mismos, no participan las autoridades aduaneras.
Consideraciones
Lo anterior tiene como propósito llevar a la reflexión del lector respecto a cual es la mejor forma de hacer frente a los actos de corrupción que se llevan a cabo en el flujo de mercancías de comercio exterior en nuestro país. En una parte importante de los ilícitos que se cometen en nuestro territorio, relacionados con la introducción/extracción de mercancías, no participa la autoridad aduanera. De tal forma, las medidas que se deben establecer para hacer frente a este fenómeno son complejas y no radican exclusivamente en cambiar mandos civiles por mandos provenientes de las fuerzas armadas.
Como se mencionó en párrafos anteriores, el cambio de gobierno trajo consigo una salida de un número importante de funcionarios públicos de aduanas, la mayoría de ellos de mandos medios y superiores, con las consecuencias que esto tuvo en pérdida de conocimientos y experiencia derivado de que no hubo una transición paulatina y ordenada que permitiera a los entrantes aprender de los salientes. Gran parte de los servidores públicos removidos eran “funcionarios de carrera”, en el amplio sentido de la clasificación, con vastos conocimientos en la materia, con diversos cursos sobre comercio exterior, aduanas y seguridad nacional (maestrías impartidas por la Secretaría de Marina, capacitaciones por entidades de seguridad nacional estadounidenses, entre muchos otros), y antigüedad laboral superior a los 10 años, en promedio. El despido de estos servidores públicos de forma “descuidada” y tajante ha generado un proceso de aprendizaje lento por parte de los nuevos funcionarios públicos, lo que se agrava con los cambios mismos que ha habido en la Administración General de Aduanas, que a menos de dos años de haber iniciado el gobierno del Presidente López Obrador, ha tenido tres Administradores Generales, como ya se ha mencionado antes, con las implicaciones que esto representa.
Si a estos hechos se le suman ahora los nuevos cambios por la inserción de personal de la SEMAR en las 17 aduanas marítimas (más lo que se sume), quienes no tienen los perfiles profesionales correspondientes, y que serán capacitados por los servidores públicos entrantes cuya máxima antigüedad es de menos de 2 años,[13] representa un reto mayúsculo para la Administración General de Aduanas, principalmente en lo que al flujo eficiente de las mercancías de comercio exterior en nuestro país se refiere, además de que se pueda extender y profundizarla comisión de delitos derivado de la inexperiencia de los mandos entrantes que presidirán áreas estratégicas de aduanas.
Ante estos retos que tiene por delante la AGA, se puede vislumbrar que el camino para hacer frente a los mismos tiene diversas aristas, es amplio y complejo. Dicha estrategia comprende desde esquemas operativos diseñados para transparentar las operaciones de comercio exterior, generar mayores controles, eficientar el despacho aduanero, llevar a cabo acciones coordinadas con otras autoridades incluyendo las de nuestro país vecino y primera potencia mundial. A lo largo de la historia de la Aduana mexicana, ha habido avances significativos para impulsar el comercio exterior y tratar de evitar y reducir la corrupción en dicho ámbito. Los esfuerzos se han enfocado en variados frentes, los cuales se enlistan algunos a continuación, y siguen siendo vigentes para combatir la corrupción en las aduanas, y procurar la eficiencia operativa de las mismas:
- Una constante y continua revisión y realización de ajustes al marco normativo aduanero que responden tanto a las necesidades operativas del comercio exterior, para hacer más competitivo a México en las cadenas de valor globales, como también a las estrategias para reducir los espacios a la comisión de ilícitos.
- Significativas inversiones realizadas en infraestructura aduanera (incluyendo dormitorios para servidores públicos a fin de protegerlos de la cooptación de la delincuencia en localidades de alto riesgo), así como en tecnología y en equipamiento de las aduanas (equipos de rayos X y rayos gamma – mecanismos de revisión no intrusiva, caninos, patrullas, equipos de identificación de químicos, entre muchos otros).
- Acciones constantes para consolidar la automatización de las operaciones de comercio exterior, tales como el pedimento electrónico, el documento de operación para el despacho aduanero (DODA el cual se utiliza con un código de barras bidimensional), y una incesante innovación e integración de los múltiples sistemas electrónicos aduaneros.
- Constitución y constante actualización y modernización de la ventanilla única de comercio exterior (VUCEM, la cual es una de las más avanzadas a nivel mundial).
- Profundización de los esquemas de coordinación con otras autoridades nacionales en materia de seguridad nacional, en particular SEDENA, SEMAR, UIF y CISEN (en su momento), por tan solo señalar a las autoridades vinculadas a temas de seguridad nacional.
- Implementación de esquemas de trabajo conjunto con las autoridades estadounidenses tanto en materia de seguridad nacional como para el despacho aduanero, destacando la implementación de los programas de despacho conjunto, e instrumentación de operativos específicos e intercambio de información para hacer frente a diversos ilícitos.
La atención al fenómeno de la corrupción en las aduanas, no es una simple cuestión de cambio de mandos civiles. Hay que tener una comprensión clara y detallada de las diversas funciones y actividades que realizan los servidores públicos en las aduanas, conocer, entender e identificar los diversos fenómenos de corrupción que existen en las mismas, y llevar a cabo las medidas pertinentes que atiendan esta problemática. Dichas medidas solo pueden ser establecidas por personal que conoce a detalle el marco jurídico y la operación de las mismas. Se le puede atribuir a la falta de conocimientos y a la ausencia de un análisis profundo de la actividad aduanera, el hecho de que se han dejado de implementar importantes proyectos que estaban operando en las aduanas, no solo para fomentar el comercio exterior en México y permitirles a las empresas nacionales insertarse en las cadenas de valor globales de una manera competitiva, sino también para atender la corrupción.
Conclusiones
A manera de conclusión se considera que la decisión de “militarizar” las Aduanas se tomó bajo una perspectiva simplista y sin un diagnóstico integral y detallado. Lo anterior se sustenta en el hecho de que, todo parece indicar que el Gobierno Federal considera al fenómeno de la corrupción en las aduanas, de forma aislada, sin contemplar la complejidad de la operación ni los diversos esquemas de corrupción existentes y la participación de otros agentes económicos, incluyendo otras autoridades. Asimismo, y algo que es sumamente delicado, es que no se está tomando en cuenta la situación actual por la que atraviesa el mundo, en la cual se requiere la mayor eficiencia posible en las cadenas de valor y, por ende, en el despacho aduanero. Tampoco se consideró la magnitud y complejidad de la operación de aduanas y su amplio y dinámico marco normativo, ni la trascendencia que tienen estas unidades administrativas para el desarrollo económico del país.
La inserción de mandos militares en aduanas puede traer un efecto opuesto al que la situación económica mundial y nacional demanda, que es la facilitación del comercio exterior. Lo anterior se debe al hecho de que habrá un nuevo periodo de aprendizaje,[14] en tiempos sumamente inciertos y complicados, aunado a que el perfil de los nuevos integrantes está enfocado en temas de seguridad nacional, lo que puede traducirse en obstáculos al flujo de la mercancía de comercio exterior.
La corrupción no es exclusiva de México, ni de los servidores públicos, ni de los mandos civiles. Con la inclusión de las fuerzas armadas en las labores aduaneras no se va a acabar la corrupción en las aduanas, pero sí puede haber implicaciones serias en la operación de las mismas. Lo anterior se traduciría en importantes afectaciones al comercio exterior de México, pérdida de competitividad de las empresas mexicanas que participan en las cadenas de valor globales, la disminución de la oferta de bienes y servicios a los consumidores mexicanos y el posible incremento en precios de dichos bienes. Esa es la trascendencia de un despacho aduanero eficiente. Esperemos que este análisis no sea correcto.
[1] En el país existen 49 aduanas, de las cuales 21 son fronterizas, 17 son marítimas y 11 son interiores.
[2]Olivié, Iliana y García Manuel, ¿El fin de la globalización? Una reflexión sobre los efectos del COVID-19 desde el Índice Elcano de Presencia Global, Real Institute Elcano, 14 de abril del 2020.
[3] El 22 marzo de 2018, con la firma por parte del Presidente Trump de un memorandum bajo el cual instruye la aplicación de aranceles por 50,000 millones de dólares a productos chinos, es como da inicio la denominada “guerra comercial” entre Estados Unidos y China. Aunado a lo anterior, el Presidente Donald Trump, firma dos órdenes ejecutivas para que las empresas estadounidenses suspendieran operaciones con TikTok y WeChat, so pretexto de proteger la seguridad de su país (7 de agosto de 2020): “La propagación en EE.UU. de aplicaciones móviles desarrolladas y pertenecientes a compañías de la República Popular de China (China) continúa amenazando la seguridad nacional, la política exterior y la economía” Presidente Trump.EE UU vs China: escenarios de la nueva guerra fría, El País, 25 de julio de 2020.
[4]Deen, Thalif, ¿Amenazará finalmente Trump con retirar a EEUU de las Naciones Unidas?, Inter Press Service, Agencia de Noticas, 12 de septiembre de 2020.
[5]CEPAL, Dimensionar los efectos del COVID-19 para pensar en la reactivación, Abril 2020
[6]Ibidem.
[7] WCO Customs Environment Scan (July 2020 update), Organización Mundial de Aduanas, julio 2020.
[8] De acuerdo a la última Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: Septiembre de 2020 (publicada el 1 de octubre del presente año) llevada a cabo por Banco de México (Banxico), la caída en el PIB de nuestro país en 2020 será de 9.8% respecto del año anterior.
En 2019 la economía de México tuvo un ligero decrecimiento del 0.1% con respecto a 2018.
[9] El reciente anuncio por parte del Presidente López Obrador, el cual refiere a la eliminación de los contratos de tecnología para actividades de vigilancia, es un ejemplo de la eliminación de inversión en equipamiento de las aduanas. Aduanas eliminó contratos de tecnología; vigilancia será con binomios caninos: AMLO, Milenio 01 de octubre de 2020.
[10] Servicio de Administración Tributaria, Aduanas 2020.
[11] Casar, Maria Amparo, México: Anatomía de la Corrupción, 2ª edición, corregida y aumentada, Octubre 2016, pag. 11.
[12]Servicio de Administración Tributaria, Aduanas 2020.
[13]El 14 de octubre del presente año, el SAT emitió un nuevo comunicado de prensa (063/2020), en el se informa que la AGA, en coordinación con la SEDENA y la SEMAR, capacitará a personal de las tres instancias en materia de comercio exterior y seguridad nacional, mediante un “Diplomado en comercio exterior y seguridad nacional”.
[14]Ibidem.
