Gracias a dos mujeres veracruzanas, que en el 2016; mismo año en el que inició las obras de ampliación del puerto de Veracruz, impusieron un amparo apoyadas por el CEMDA, este proceso inició con tropiezos cuando el juez de distrito dijo que las demandantes no tenían un “interés legítimo” en el caso. No conformes con ello, recurrieron a un tribunal superior y, tras años de litigios, la Suprema Corte atrajo el caso en enero y ahora les ha dado la razón.
La ampliación de este puerto era alarmante para los ambientalistas y lo sigue siendo, ya que las primeras obras iniciaron en el año mencionado, y ya han destruido gran parte del arrecife Punta Gorda, cuando se supone que este conjunto de arrecifes fue designado como un Área Natural Protegida en 1992. Encima de los corales se levantó un rompeolas de aproximadamente cuatro kilómetros de largo y un muro hecho con bloques de hormigón de hasta 20 toneladas. No conformes con eso, dicho proyecto tenía ya previsto ir por el segundo levantamiento de rompeolas sobre el arrecife La Gallega, pero esta construcción no va a proceder, por el momento.
¿Cómo fue que todo este golpe a una de las áreas naturales protegidas de México fue permitido? Todo eso se remonta al año 2012, cuando ocurrió la reducción del polígono del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, un año más tarde la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) dio los permisos para comenzar con este proyecto de ampliación. Este decreto por parte de las autoridades dónde alegaba que los corales estaban muertos y que daban luz verde para iniciar las obras, cuando después se contradijeron al anunciar un plan de traslado de 40.000 familias coralinas para que sobrevivan en otra parte.
Y es que, realmente no se iniciaron las investigaciones de buena manera, como para darse cuenta de que esta construcción traería grandes impactos negativos para el medio ambiente. Sobra decir que, en esta área natural se encuentran más de treinta y cinco especies de coral, es hábitat de varias especies de tortugas, erizos, estrellas de mar y más de doscientos tipos de peces de los que depende la alimentación local.
Esta semana, gracias a La Suprema Corte de Justicia que decidió por unanimidad cancelar los permisos que otorgó la Semarnat a la obra porque “vulnera el derecho a un medio ambiente sano”, protegido por el artículo cuarto de la Constitución Política Mexicana y por otros tantos tratados internacionales firmados por el país.
